La Directiva (UE) 2024/825, aprobada el 28 de febrero de 2024, refuerza la protección de los consumidores en la transición ecológica. Modifica las Directivas sobre prácticas comerciales desleales y derechos del consumidor para prevenir el greenwashing, promoviendo prácticas más transparentes y fiables en las afirmaciones ambientales de productos y servicios. La norma entrará en vigor el 26 de marzo de 2026 y deberá aplicarse a partir del 27 de septiembre de ese año.
Objetivos clave:
• Empoderar a los consumidores para que puedan tomar decisiones de compra informadas basadas en información ambiental veraz.
• Establecer protección jurídica frente a afirmaciones ecológicas engañosas o sin respaldo.
• Impulsar criterios de veracidad, claridad y confiabilidad en la comunicación de sostenibilidad, favoreciendo un mercado más riguroso y sostenible.
Impacto directo en el sector agroalimentario:
El sector de la alimentación es uno de los más expuestos a esta nueva normativa, debido al creciente uso de etiquetas como "natural", "ecológico", "sostenible", "sin emisiones" o "neutro en carbono". Bajo esta Directiva, estas afirmaciones solo podrán utilizarse si están respaldadas por evidencia científica verificable y, preferiblemente, certificadas por organismos independientes.
Nuevas prohibiciones obligatorias:
• Afirmaciones ambientales genéricas sin pruebas científicas (“respetuoso con el medio ambiente”, “ecológico”).
• Etiquetas de sostenibilidad no respaldadas por certificación reconocida o autoridad pública.
• Declaraciones ambientales sobre un producto completo cuando solo abarcan un aspecto concreto.
• Alegaciones basadas únicamente en compensaciones de emisiones (“carbono neutro”) sin respaldo real.
Obligaciones adicionales para las empresas del sector agroalimentario:
• Proporcionar información clara y verificable sobre los impactos ambientales reales de sus productos.
• Evitar alegaciones ambientales que no puedan demostrarse con datos contrastados.
• Adaptar el etiquetado y la comunicación de sostenibilidad a los nuevos requisitos jurídicos.
• Asegurar la transparencia en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización.
Empoderamiento del consumidor y sanciones:
La Directiva reconoce el derecho del consumidor a reclamar y acceder a información precisa sobre los atributos ambientales de los productos alimentarios. Los Estados miembros deberán establecer sistemas de vigilancia, inspección y sanción frente a prácticas engañosas. Las infracciones pueden conllevar multas, retirada de distintivos de sostenibilidad e incluso exclusión de licitaciones públicas.
Esta directiva representa un cambio de paradigma para el sector agroalimentario: la sostenibilidad ya no es solo una estrategia de marketing, sino un compromiso que debe estar respaldado por evidencia. Las empresas que se anticipen y adapten sus comunicaciones y prácticas podrán fortalecer su reputación, generar confianza en los consumidores y evitar riesgos legales.
