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Certificar la huella de carbono, ¿es oro todo lo que reluce?

De todos es bien conocido que la Unión Europea ha dado sus primeros pasos para certificar la captura de carbono en la agricultura. Así, la Comisión Europea presentó a finales de 2022 una propuesta legislativa con vistas a crear un marco voluntario de certificación, una manera de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático, cuyo objetivo es restaurar los ecosistemas e impulsar la economía circular.

Sin embargo, el deseo de crear una legislación europea común, a priori, puede no resultar tan sencilla. En primer lugar, la propuesta ha creado mucha incertidumbre entre el sector alimentario, cuyos productores consideran que el proceso resulta extremadamente complejo y se encuentra lleno de cargas administrativas. 

Por otro lado, es lógico pensar que las futuras compensaciones a agricultores, ganaderos y silvicultores por el carbono que absorban en sus explotaciones puedan servir de incentivo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y los costes de certificación de las absorciones de carbono, sin tener en cuenta las reducciones de emisiones de GEI que ya vienen realizando agricultores y ganaderos, pueden disuadir a los agricultores y ganaderos de acogerse a las medidas de apoyo que puedan ofrecerse.

Pero más allá de esta situación, que ya veremos cómo evoluciona, hay otra que también ha de preocupar al sector alimentario, y es la existencia de un negocio complementario basado en las medidas de apoyo a la agricultura baja en carbono.

De hecho, han aparecido ya como setas empresas y asesorías privadas que le calculan al agricultor de a pie de campo la “huella de carbono” de su actividad para ver cuánto emite y cuánto absorbe, una cuestión fundamental para optar a ayudas en el futuro y, sobre todo, posibilidades para mejorar cada situación.

Por todo ello, debería reflexionarse sobre hasta qué punto este marco de apoyo complementario a la agricultura baja en carbono puede ser un incentivo para llevar a cabo otras actividades ajenas que competirían con la que debería seguir siendo central y básica: la de producir materias primas y alimentos para la sociedad en un momento en que está en entredicho la seguridad y asequibilidad del abastecimiento alimentario de la UE en medio de una elevada inflación.

En definitiva, la compensación económica ayudará a los agricultores que se acojan a este marco y cómo se implementará el mecanismo de certificación en la actividad agroforestal resultarán claves en el futuro para continuar dando pasos en este sentido. 

Hasta entonces, conviene estar atentos y seguir todo el proceso, pero sin lanzar campanas al vuelo antes de tiempo.

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