¡Basta ya!: los alimentos no son caros, los están encareciendo

Ricardo Migueláñez. Director de Agrifood Comunicación

En España se ha instalado un discurso recurrente: “la comida está carísima”. Se repite casi como un mantra, sin matices y, en muchos casos, sin perspectiva.

Sin embargo, basta con comparar con otros países europeos para comprobar que nuestro país sigue siendo uno de los lugares donde alimentarse resulta más accesible en términos relativos. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente cuando decimos que la comida es cara?

Quizá el problema no esté tanto en el precio de los alimentos como en la escala de prioridades que hemos construido como sociedad. Hoy destinamos con naturalidad una parte significativa de nuestros ingresos a viajes, dispositivos móviles, suscripciones digitales o experiencias de ocio. No hay nada reprochable en ello. El problema surge cuando esa misma lógica no se aplica a algo tan esencial como la alimentación.

Se ha normalizado buscar siempre lo más barato en el supermercado, comparar céntimos entre marcas o renunciar a determinados productos por unos pocos euros, mientras no se cuestiona pagar cientos por un billete de avión o cambiar de teléfono cada poco tiempo.

Es una contradicción evidente: escatimamos en lo que comemos a diario, pero no en lo que consumimos de forma ocasional.

Además, conviene recordar que detrás de cada alimento hay una cadena compleja que empieza en el campo.

Agricultores y ganaderos llevan años soportando costes crecientes energía, materias primas, transporte con márgenes cada vez más ajustados.

A esto se suma la industria alimentaria, que transforma, garantiza seguridad y abastece a millones de personas.

Precios más bajos y viabilidad

Pretender precios aún más bajos sin poner en riesgo la viabilidad de todo ese sistema es, sencillamente, irreal.

A todo ello se añade un factor del que se habla poco, pero que tiene un impacto directo en los costes: el marco regulatorio y laboral.

En la práctica, muchas empresas del sector se enfrentan a una creciente rigidez que, aunque persigue objetivos legítimos, termina generando efectos económicos claros.

Si una explotación o una industria necesita duplicar personal para cubrir ausencias frecuentes, limitaciones en la jornada o restricciones en la organización del trabajo, el coste por unidad producida aumenta inevitablemente.

No se trata de cuestionar derechos, sino de reconocer una realidad: cada exigencia normativa tiene una traducción económica. Y esa traducción, antes o después, se incorpora al precio final de los alimentos. Ignorar este vínculo es simplificar en exceso un problema complejo.

Sin embargo, el foco suele ponerse en el último eslabón de la cadena el precio en el lineal, como si agricultores, ganaderos o industria tuvieran margen ilimitado para absorber todos estos incrementos.

La realidad es que la mayoría de estos operadores trabaja con márgenes estrechos y con una enorme presión competitiva.

Por eso, convendría decirlo con claridad: los alimentos en España no son caros en términos comparados. Y cuando suben de precio, en muchos casos no es por una decisión arbitraria de quienes los producen, sino por un entorno de costes cada vez más exigente en el que influyen factores energéticos, logísticos y también normativos.

Revalorizar la alimentación no significa gastar sin criterio, sino entender que comer bien tiene un coste y que ese coste también sostiene empleo, territorio y calidad.

Tal vez el debate no sea si la comida es cara o barata, sino cuánto estamos dispuestos a valorar aquello que nos alimenta cada día.

Porque al final, la cuestión no es económica únicamente. Es también cultural.