Ricardo Migueláñez. Coordinador del GIS
El suelo es, junto al agua y el aire, uno de los tres factores clave que intervienen en el desarrollo de la vida natural y humana, en la biodiversidad y, por supuesto, en la actividad agraria en su más amplio sentido, debido a los procesos de erosión, de pérdida de fertilidad, de abandono y compactación, de sobreexplotación o de contaminación al que ha estado sometido.
Algo que en nuestro país afecta ya, en mayor o menor grado, a cientos de miles de hectáreas, que demandan una recuperación o regeneración urgente, sin que las acciones desarrolladas por parte de las diferentes Administraciones Públicas estén siendo suficientes.
Un ejemplo cercano lo tenemos en la enorme preocupación existente entre las organizaciones agrarias españolas por lo que califican como “usurpación” de terreno fértil para implantar plantas fotovoltaicas de generación eléctrica, lo que no significa ir en contra de esta energía renovable o de otras. Exigen simplemente una correcta ordenación sobre el territorio para que, en ningún caso, grupos empresariales y fondos de inversión, muchas veces con maniobras especulativas, acaparen superficie de tierras de labor o de pastos, que son imprescindibles para la producción de alimentos y el sustento económico de agricultores y ganaderos que viven en el medio rural.
La salud y protección del suelo, su uso circular y su sostenibilidad son y serán claves en los próximos años, como reconoce el Parlamento Europeo en una reciente resolución, en la que solicita a la Comisión Europea que diseñe un marco jurídico común a escala de la Unión, dentro del pleno respeto al principio de subsidiariedad, para su protección y uso sostenible, abordando todas y cada una de sus principales amenazas.
La investigación tiene que continuar y aumentar en países como España, donde la desertificación y el cambio climático son amenazas que aumentan cada día más y hay que trabajar para manejarlo de la mejor manera posible.
