El consumo de alimentos en los hogares ha caído un 7% en el último periodo debido al IPC, una evolución directamente asociada al impacto de la inflación y al encarecimiento general de la cesta de la compra. Este ajuste en la demanda del consumidor se suma a un contexto de presión sostenida sobre los precios alimentarios, donde el coste de producción en el campo sigue siendo un factor determinante.
El precio del pan, de las hortalizas o de la carne depende, en buena medida, de lo que cueste abonar los campos. Y ese coste ha pasado a estar dictado, cada vez más, por conflictos en diferentes partes del planeta. España importa más del 80% del nitrógeno que consume su agricultura, una dependencia que convierte cualquier tensión geopolítica —desde el bloqueo de un estrecho marítimo hasta una crisis energética europea— en una subida directa en la cesta de la compra. Esta dependencia coincide con un escenario internacional marcado por la incertidumbre económica. Según un informe de la Agencia Española de Crédito a la Exportación (Cesce), el encarecimiento de materias primas, las tensiones en las cadenas de suministro y el endurecimiento de la financiación internacional siguen condicionando el comercio y la inversión a escala global.
Para debatir cómo romper este círculo, el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS) ha reunido a los principales actores de la cadena agroalimentaria en la jornada “Soluciones tecnológicas competitivas para la producción de alimentos. Nuevas estrategias de fertilización para un futuro sostenible”, con el patrocinio de Fertinagro Biotech.
La urgencia del encuentro tiene nombre y fecha: el pasado 19 de mayo, la Unión Europea aprobó su nuevo Plan de Acción sobre Fertilizantes, que exige a los Estados miembros acelerar la transición hacia fertilizantes de producción propia, circulares y bajos en carbono. Bruselas ha dejado claro que la soberanía alimentaria del continente no puede seguir dependiendo de los vaivenes de los mercados internacionales ni de los combustibles fósiles importados.
Del suelo al alimento: la ciencia tiene la respuesta
La inauguración contó con la presencia de Ana Rodríguez Castaño, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del MAPA, que está alineado con la necesidad de acelerar la adopción de las nuevas tecnologías de fertilización y de trasladar a los agricultores el mensaje de que innovar no significa gastar más.
Carlos García Izquierdo, Profesor de Investigación del CEBAS-CSIC, abrió el debate científico con ponencia titulada “Nueva generación de fertilizantes funcionales: Del suelo al alimento”. Una biotecnología de precisión que, según los cálculos del sector, podría ahorrar al campo español entre 600 y 800 millones de euros al año, con reducciones de hasta el 32% en la factura de fertilizantes por hectárea, y que permitiría dejar de importar hasta 286.000 toneladas anuales de nitrógeno.
Durante su intervención, García Izquierdo señaló que la investigación científica está demostrando que la salud del suelo es uno de los pilares estratégicos de la agricultura del futuro. Destacó además el enorme potencial de una nueva generación de fertilizantes funcionales basados en microorganismos beneficiosos, biomoléculas y metabolitos de origen biológico, capaces de estimular los procesos naturales del suelo y mejorar su fertilidad y funcionalidad de forma sostenible”.
Estos avances permiten actuar desde el propio suelo sobre la calidad de los alimentos, favoreciendo una mayor concentración de compuestos nutricionales y funcionales de interés para la salud humana. “Ya no se trata únicamente de producir más, sino de producir mejor: alimentos de mayor calidad nutricional, obtenidos mediante tecnologías que regeneran el suelo, mejoran la eficiencia en el uso de los nutrientes y reducen la dependencia de insumos externos”, añadió García, quien finalizó su intervención indicando que “la ciencia nos está mostrando que es posible conectar la salud del suelo, la sostenibilidad de los sistemas agrarios y la calidad de los alimentos en una misma estrategia integral de innovación”.
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda reunió a cinco voces que raramente coinciden en un mismo foro: Agustín Miranda (ASAJA), Pablo Fernández (Cooperativas Agro-alimentarias de España), Vicente Muñoz (Fertinagro Biotech), Víctor Yuste (Foro Interalimentario) y Manuel Martín (UNAE).
El diagnóstico fue compartido: cuando los fertilizantes se encarecen, los agricultores recortan la aplicación, bajan las cosechas, sube el precio de los alimentos y el consumidor paga la factura de una dependencia exterior que dura décadas.
Para los consumidores, los productores, la industria y la distribución deben compartir información, impulsar proyectos conjuntos de innovación y mejorar la planificación para optimizar costes y desperdicios. Las Administraciones Públicas deben ser el principal facilitador para la producción y distribución de alimentos accesibles y seguros, así como apoyar la digitalización y garantizar la transparencia.
Los participantes coincidieron en que la solución no vendrá sólo de las ayudas de emergencia —necesarias, pero insuficientes—, sino de una transformación estructural en tres frentes: producción nacional de fertilizantes tecnológicos, economía circular en la fabricación de abonos y digitalización de la gestión de nutrientes para ajustar las dosis a las necesidades reales de cada parcela. El nuevo marco europeo, subrayaron, ofrece por primera vez el respaldo normativo y financiero para hacerlo.
La jornada dejó una conclusión clara: el campo español tiene en la biotecnología y en la producción nacional de fertilizantes la mejor protección frente a las crisis de precios globales. Hacer que esa transición llegue a cada agricultor, de cualquier tamaño y cultivo, es ahora el gran reto compartido del sector, la ciencia y las instituciones.
Con esta iniciativa, el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad refuerza su papel como espacio de diálogo estratégico entre todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, con el objetivo de impulsar una comunicación positiva y basada en evidencia que contribuya a construir un sistema alimentario más competitivo, resiliente y sostenible.
