Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez
La política agrícola común (PAC) se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica. El debate celebrado en el Consejo de Agricultura y Pesca los días 11 y 12 de diciembre de 2025 ha puesto sobre la mesa dos conceptos que llevan años repitiéndose en Bruselas, pero que rara vez avanzan al mismo ritmo: innovación y simplificación.
No es casualidad. En un contexto de presión climática creciente, tensiones geopolíticas, estancamiento de rendimientos en sectores clave y una preocupante falta de relevo generacional, la agricultura europea —y con ella toda la cadena agroalimentaria— necesita cambiar. Pero cambiar bien.
Innovación a lo largo de toda la cadena agroalimentaria
Innovar ya no es opcional (tampoco para la industria). El mensaje político es claro: sin innovación, la agricultura europea perderá competitividad. El diagnóstico es conocido: rendimientos estancados en cultivos herbáceos, exigencias ambientales crecientes en ganadería, necesidad de avanzar en bioeconomía, eficiencia energética y reducción de emisiones.
Pero este reto no afecta solo a los agricultores. Las empresas agroalimentarias son actores clave de la innovación, tanto como demandantes de materias primas sostenibles y trazables, como impulsoras de tecnología, digitalización, nuevos procesos y modelos de negocio. Sin una industria transformadora fuerte, innovadora y alineada con la producción primaria, la transición del sector quedará incompleta.
La PAC post-2027 empieza a reconocer, aunque de forma todavía tímida, que la innovación debe fluir a lo largo de toda la cadena de valor: desde la explotación hasta la transformación, la logística y los mercados.
El énfasis del debate en los jóvenes agricultores es acertado. Son quienes más invierten, más asumen riesgos y más fácilmente adoptan nuevas tecnologías. Pero su viabilidad no depende solo del apoyo público, sino también de su integración en cadenas agroalimentarias estables, transparentes y justas.
Aquí las empresas agroalimentarias juegan un papel decisivo: contratos a largo plazo, incentivos a la sostenibilidad, transferencia de conocimiento, apoyo a la digitalización y cooperación en proyectos de innovación aplicada. El relevo generacional no se resolverá únicamente con ayudas a la instalación si el mercado sigue siendo incierto y fragmentado.
Simplificar para invertir, escalar y competir
La simplificación normativa es una reivindicación histórica del sector primario, pero también lo es de la industria agroalimentaria. Marcos regulatorios complejos, cambios frecuentes y una aplicación desigual entre Estados miembros generan costes adicionales, inseguridad jurídica y pérdida de competitividad frente a terceros países.
La propuesta de la Comisión —con la eliminación de los dos pilares, reglas financieras comunes y mayor subsidiariedad— apunta en la buena dirección, pero deja dudas razonables. Menos detalle legal no siempre equivale a menos burocracia. Para las empresas agroalimentarias, especialmente pymes, la fragmentación normativa entre Estados miembros puede convertirse en un nuevo obstáculo para invertir e innovar.
La simplificación debe ser real, medible y coherente en toda la cadena, sin trasladar la carga administrativa de un eslabón a otro.
Uno de los puntos más relevantes del debate es la apuesta por vincular innovación con financiación suficiente, especialmente a través del nuevo Fondo Europeo de Competitividad y su conexión con Horizonte Europa. Esta arquitectura puede facilitar algo esencial para las empresas agroalimentarias: el paso del piloto al escalado industrial.
La innovación no fracasa en Europa por falta de ideas, sino por la dificultad para llevarlas al mercado. Si los nuevos instrumentos logran simplificar el acceso a fondos, reducir la fragmentación y fomentar proyectos colaborativos entre agricultores, industria y centros de conocimiento, el impacto puede ser significativo.
Eso sí, el reto vuelve a ser el mismo: accesibilidad real. Fondos complejos, convocatorias poco adaptadas o excesiva carga administrativa dejarán fuera a buena parte del tejido empresarial agroalimentario, especialmente en zonas rurales.
La PAC post-2027 se juega algo más que un ajuste técnico. Se juega su capacidad para articular un sistema agroalimentario competitivo, innovador y resiliente, en el que agricultores y empresas avancen juntos.
