Ricardo Migueláñez. Director de Agrifood Comunicación
La cadena agroalimentaria española acumula una capacidad técnica y un conocimiento de campo que no tienen equivalente en Europa. Lo que no tiene es un instrumento estable que convierta ese conocimiento en análisis, en anticipación y en propuesta. Mientras tanto, otros escriben el relato con el que después se nos legisla.
Sin embargo, hay una escena que se repite con una regularidad que ya no debería sorprendernos. Bruselas, o Madrid, o una Consejería autonómica, presenta una propuesta normativa con impacto directo sobre la producción, la transformación o la distribución de alimentos. El sector la lee, se alarma, convoca una reunión de urgencia, emite un comunicado y pide una moratoria.
A veces la consigue. Casi siempre, tarde y a medias. Y en el camino ha quedado la sensación, otra vez, de que hemos jugado a la defensiva un partido que se decidió meses antes, cuando alguien puso encima de la mesa un informe que nosotros no habíamos escrito.
Esa es, en el fondo, la cuestión. No es un problema de interlocución: la cadena agroalimentaria española tiene interlocución de sobra, organizaciones profesionales solventes, interprofesionales que funcionan, asociaciones sectoriales con décadas de trabajo acumulado y técnicos que saben perfectamente de qué hablan. El problema es que ese conocimiento está fragmentado por sectores, orientado a la defensa del interés inmediato de cada cadena y volcado casi siempre en el corto plazo.
Falta el eslabón que lo integra, lo somete a método y lo proyecta a cinco o diez años vista. Hay que intentar que esto ocurre lo menos posible y si puede no volver a ocurrir, mejor, y en ese sentido el Think Tank del GIS Alimentario, creado por personas que conocen bien el sector, puede ser una buena herramienta para no llegar tarde a los debates.
El diagnóstico siempre llega después del titular
Repasemos lo que tenemos delante en los próximos ejercicios. Un nuevo marco financiero plurianual que replantea de raíz la arquitectura de la PAC y su blindaje presupuestario. Una agenda regulatoria europea que no se termina de detener, aunque cambie de nombre: deforestación importada, envases y residuos, emisiones industriales, bienestar animal, uso de fitosanitarios, etiquetado frontal.
Una política comercial que abre mercados por un lado mientras deja sin resolver, por el otro, la exigencia real de cláusulas espejo. Un escenario geopolítico que ha convertido la energía, los fertilizantes y los fletes en variables tan determinantes como la climatología.
Un problema estructural de agua que ya no es coyuntural en media España. Y, por debajo de todo, el asunto que lo condiciona todo y del que hablamos con demasiada retórica y pocos datos: quién va a producir alimentos en este país dentro de quince años.
Frente a esa acumulación, el sector produce comunicados. Y los comunicados no ganan debates públicos: los ganan los informes. Buena parte de la normativa que hoy nos condiciona nació de estudios encargados, financiados y difundidos por organizaciones que no producen alimentos y que, con todo el derecho del mundo, defienden una visión legítima pero parcial.
Su ventaja no ha sido tener más razón. Ha sido llegar antes, con papel escrito, metodología citable y un resumen ejecutivo de dos páginas en el idioma en el que se toman las decisiones.
Bruselas legisla con datos que no son los nuestros
Quien haya seguido de cerca un procedimiento legislativo europeo sabe que el momento crítico no es la votación, sino la evaluación de impacto. Ahí es donde se fijan las cifras que después nadie discute: cuánto cuesta, a quién afecta, qué alternativas existen.
Si el sector no comparece en esa fase con evidencia propia, comparece luego a quejarse de unos números que ya se han convertido en el consenso.
Un Think Tank sectorial serviría exactamente para eso: para tener listos, antes de que se abra el expediente, los análisis de coste real por explotación y por industria, las series de datos propias, los modelos de impacto sobre empleo y territorio, la comparativa honesta con terceros países. No propaganda. Análisis. Porque la credibilidad de un instrumento así se juega precisamente en su disposición a publicar también aquello que resulta incómodo para quien lo financia. Un centro que solo confirme lo que su sector quiere oír durará dos informes y no volverá a ser citado por nadie.
Lo regional no es la escala pequeña
Se habla del nivel europeo y del nacional, y se olvida con frecuencia que en España buena parte de lo que determina si una explotación es viable se decide en una comunidad autónoma: la gestión del agua, la sanidad animal y vegetal, la ordenación del territorio, las autorizaciones ambientales, la gestión de los fondos, la política de regadíos. Un centro de análisis con vocación real de utilidad tiene que trabajar también a esa escala, y hacerlo con sensibilidad hacia las enormes diferencias entre el olivar jienense, la ganadería extensiva extremeña, la horticultura almeriense, el cereal castellano o la fruta del Ebro. Las soluciones agregadas suelen fracasar precisamente ahí.
Tres niveles, entonces, y no como capas jerárquicas sino como un mismo trabajo con tres destinatarios: la Comisión y el Parlamento Europeo, la administración central y las consejerías. Con presencia estable en Bruselas, porque desde Madrid no se hace seguimiento legislativo europeo, se hace turismo institucional.
Debería ser una estructura ligera y permanente, con un núcleo profesional reducido y una red amplia de investigadores, economistas agrarios, juristas, veterinarios, agrónomos y tecnólogos de alimentos asociados por proyecto. Con un consejo con autoridad para vetar la publicación de cualquier trabajo que no cumpla el estándar metodológico.
Con financiación plural y plurianual, procedente de varias entidades, empresas de distintos eslabones y, si se quiere, cofinanciación de proyectos europeos, precisamente para que ningún financiador pueda condicionar una conclusión. Y con una obligación estatutaria de transparencia sobre quién paga qué.
Su producto no serían solo informes largos. Serían también notas breves de posición ante cada iniciativa normativa, escenarios prospectivos a diez años, análisis de impacto acumulado de la regulación sobre la rentabilidad de una explotación tipo, y trabajo divulgativo dirigido a una sociedad urbana que decide sobre la agricultura sin conocerla, con una desafección informativa que llevamos veinte años lamentando y muy poco combatiendo con instrumentos serios.
El momento es ahora
Se dirá que esto cuesta dinero. Cuesta bastante menos de lo que cuesta perder un debate regulatorio. Se dirá que el sector está demasiado atomizado para ponerse de acuerdo.
Es cierto, y también lo era cuando se crearon las interprofesionales, que hoy nadie discute. Se dirá que ya existen centros universitarios y organismos públicos que investigan.
Existen, y son excelentes, pero ni tienen mandato de anticipación política ni responden a la pregunta que necesita responder el sector: qué hay que hacer, cuándo y ante quién.
La cuestión de fondo es sencilla de enunciar y difícil de asumir: el sector agroalimentario español quiere seguir produciendo, quiere ser rentable y quiere ser sostenible, y esas tres cosas a la vez ya no se sostienen solas.
Se sostienen con argumentos, con datos y con capacidad de anticipar el marco en el que se va a trabajar dentro de una década. Eso no se improvisa en una reunión de urgencia la semana en que se publica un borrador.
Hay una ventana abierta, porque hay temas en Bruselas y en España que pueden condicionar ya el futuro de los alimentos, por lo que hay que comenzar a trabaja y el lanzamiento por parte del GIS Alimentario de este Think Tank es una oportunidad que el sector no puede dejar pasar para ganar capacidad de influencia sobre el poder legislativo.
