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La cadena agroalimentaria española tiene un peso económico que no se refleja en su capacidad de influencia. Lidera todos los números macro y la exportación, pero con frecuencia llega tarde a los expedientes: reacciona cuando la propuesta ya está avanzada y escrita; expresa sus críticas cuando el texto está en trílogos (Consejo, Parlamento y Comisión) e incluso termina protestando y movilizándose cuando la norma ya se ha publicado.
Pasar, por tanto, de un lobby o grupo de interés y de presión reactivo a un lobby propositivo o proactivo exige varios cambios de método.
El primer cambio es anticiparse a los acontecimientos y a las propuestas. La influencia real se ejerce en la fase inicial de consulta pública, en los estudios de impacto de la Comisión, en los grupos de expertos y en los Comités de Comitología.
Es ahí donde se fijan los criterios técnicos que luego no se pueden modificar. Esto requiere una presencia estable en Bruselas, así como un seguimiento sistemático del programa de trabajo de la Comisión y de las prioridades de cada Presidencia del Consejo. Y esto lo hacen las organizaciones a través de sus federaciones europeas.
El segundo cambio es aportar una evidencia propia. Un argumento del tipo «esto arruinará al sector» no pesa nada, por ejemplo, en una mesa de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE).
Por el contrario, sí pesa un estudio de impacto socioeconómico, que cuantifique hectáreas afectadas, pérdidas de rendimiento por cultivo, sustituciones disponibles y efecto sobre la balanza comercial. Las plataformas tecnológicas, los centros públicos o privados de investigación y las Universidades deben formar parte estable de la estrategia sobre asuntos públicos del sector, no ser un simple recurso que se consulta cuando hay urgencia.
El tercero es actuar en coalición. El expediente NGT sobre la edición genómica de vegetales ha demostrado que las alianzas amplias funcionan: productores, cooperativas, obtentores, industria transformadora, distribución y comunidad científica.
España debe tejer alianzas con los Estados miembros que comparten sus intereses mediterráneos en frutas, hortalizas y cultivos leñosos. Las minorías de bloqueo y las mayorías cualificadas en el Consejo se construyen con meses de antelación, como ha dejado claro el tropiezo del Ómnibus en el Comité de Representantes Permanentes en la UE (Coreper).
El cuarto cambio es coordinar Madrid y Bruselas. La Representación Permanente de España ante las instituciones comunitarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), las CC.AA. y los eurodiputados españoles de todos los grupos políticos deben recibir del sector agroalimentario mensajes coherentes y documentados.
Cuando cada organización traslada una prioridad distinta, el resultado es una posición nacional débil. La interlocución con el Ministerio debe servir para fijar posiciones de Estado, no solo para reclamar ayudas cuando llega una crisis.
El quinto elemento clave es la necesaria colaboración público-privada con objetivos concretos: grupos operativos de innovación, proyectos LIFE y Horizonte Europa, ensayos de campo compartidos y bancos de datos sectoriales. Todo ello genera evidencia útil para el regulador y, al mismo tiempo, legitimidad social.
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Comunicar más y mejor al consumidor urbano
La batalla regulatoria se puede ganar en los despachos, pero puede empezar a perderse ante la opinión pública y viceversa. El legislador europeo responde, en última instancia, a un electorado mayoritariamente urbano con escaso o nulo contacto con la producción de alimentos y con una percepción del riesgo tecnológico muy alejada de la evidencia. Por lo tanto, las organizaciones de consumidores también tienen algo que decir.
La estrategia de comunicación del sector agroalimentario debe sostenerse sobre unas cuantas ideas muy claras.
Hay que presentar la tecnología como aliada de la sostenibilidad. Una variedad de semilla resistente a la sequía ahorra agua; una planta tolerante a una plaga necesita menos tratamientos fitoquímicos y la aplicación de precisión reduce las dosis que son necesarias.
El discurso ambiental no es, ni debe ser solo patrimonio de quienes se oponen a la innovación, y el sector debe saber también usarlo con argumentos propios y convincentes desde el punto de vista técnico y científico.
Por otro lado también, el sector tiene que hablar de precio y asequibilidad. La alta inflación alimentaria de los últimos años ha acercado a la ciudadanía la relación entre productividad y cesta de la compra. Producir más con menos recursos significa la posibilidad de obtener alimentos más baratos y accesibles. Y ese mensaje tiene recorrido social.
Igualmente, hay que poner rostro al oficio de producir alimentos. Los jóvenes agricultores que están al día de las últimas innovaciones tecnológicas del sector, que usan drones, sensores y cuadernos digitales en su actividad son el mejor argumento contra la imagen anticuada del campo y contra el discurso que asocia tecnología con una industria deshumanizada.
El sector debe ser también transparente y no ponerse a la defensiva ante problemas que puedan surgir. La confianza no se construye negando los riesgos, sino explicando cómo se evalúan y se controlan.
El sistema europeo de seguridad alimentaria, con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), los límites máximos de residuos y los controles oficiales, es uno de los más exigentes del mundo y debe contarse como una fortaleza, no como una carga.
Por último, el mensaje sobre la reciprocidad en la producción de alimentos debe presentarse ante la sociedad como una cuestión de coherencia.
