Ricardo Migueláñez. Coordinador del Grupo de Innovación Sostenible
Antes de nada, espero que hayan pasado un buen mes de agosto y hayan podido disfrutar de este verano tan diferente en la medida de lo posible.
Estamos a las puertas de uno de los inicios de curso más atípicos que recordamos, donde nadie tiene muy claro cómo se van a desarrollar estos próximos meses. Los esfuerzos se vuelcan en intentar retomar la normalidad en trabajos, negocios y centros educativos. Y mientras tanto, desde aquí nos preguntamos si la investigación y la innovación volverán a la normalidad y, en todo caso, si han formado parte de ella en algún momento.
España ha sido tradicionalmente un país a remolque de sus socios europeos en lo que a innovación se refiere, dedicando un porcentaje muy bajo del PIB a la I+D+i y dificultando la estabilidad en las investigaciones de largo recorrido; todo ello con la consiguiente pérdida económica y de talento que produce. En este 2020 hemos visto cómo el desarrollo de una vacuna, un proceso que normalmente toma entre 10 y 15 años, va camino de completarse en menos de un año. Esto nos demuestra que cuando los estados tienen verdadera voluntad de apoyar la I+D+i, la dotan de recursos y se alían con las empresas privadas, se logran avances de gran calado para la sociedad.
Viendo esto, es inevitable preguntarse: ¿y si se apoyasen con la misma contundencia otras necesidades?
La sociedad ha aprendido mucho en estos meses y, una de las cosas que han quedado patentes es la necesidad de apoyar la ciencia y la investigación. Debemos aprovechar este impulso para reclamar un apoyo firme, estable y decidido a la I+D+i. A esto se une la próxima negociación de los presupuestos generales del estados, donde veremos hasta qué punto realmente importa la I+D+i.
La innovación suele ser la gran olvidada a la hora de repartir los recursos y la primera de la que se acuerdan cuando toca recortar, esperemos que para este nuevo comienzo tengamos la lección aprendida y no sea así.
